miércoles, 22 de octubre de 2008

ORDENAN PAGAR PENSIONES BANRURAL

Legisladores descubren grandes beneficios para administradores
Ordenan pagar pensiones a ex trabajadores del disuelto Banrural


R. Garduño y E. Méndez

La comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó las irregularidades en el pago de pensiones a ex trabajadores del desaparecido Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) concluyó que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que opera el fideicomiso desde el cual se deben pagar las subvenciones, está obligado a cubrirlas.

El presidente de la comisión, Samuel Aguilar Solís, explicó que a partir del informe –que se turnó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier González Garza– el pleno debe aprobar una partida especial para cubrir el pago de las pensiones, que actualmente implica un déficit de 3 mil 586 millones de pesos.

La negativa del SAE a emitir los cheques para los jubilados contrasta con el monto –documentado por la comisión– que se le paga anualmente a 44 administradores del fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, que en conjunto representan 26 millones 7691 mil 328 pesos.

El caso más representativo es el de Armando Ponce Miranda, apoderado fiduciario del fideicomiso, quien cuenta con una pensión anual de un millón 893 mil 78 pesos. Sus subordinados Agustín Núñez Mendoza, Luis Carretero González, Jesús Jiménez Huízar, Alfredo Ruiz Reyes y un “doctor” sin identificar, reciben cada uno, también por año, un millón 254 mil 158 pesos.

Así, sucesivamente, los funcionarios de menor rango llegan a obtener de pensión montos entre 917 mil 883 pesos por año, a 479 mil 152 pesos.

Tales ventajas para los directivos que operan el fideicomiso llamaron la atención de la Comisión de Desarrollo Social, y especialmente de Aguilar Solís, quien descubrió que al 29 de febrero pasado, se disponía de un patrimonio por 20 mil 964 millones de pesos.

La paradoja, afirmó, se manifiesta con la negativa del SAE para cubrir los pagos al grueso de los trabajadores que, al inconformarse, impulsaron que se constituyera la comisión especial en la Cámara de Diputados.

De tal forma, con la demanda de modificar el contrato constitutivo y las reglas de operación del fideicomiso, inició el proceso para otorgar todas las prestaciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo y los convenios jubilatorios, para beneficiar a la mayoría de trabajadores en retiro.


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